EC prefiere invertir recursos (capital político, dinero) en reforzar los tribunales penales regionales, en lugar de invertir en la Corte Penal Internacional.

La Corte Penal Internacional (CPI) es una institución establecida para investigar y perseguir todas aquellas personas que hayan cometido delitos graves de transcendencia internacional como son: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, y los crímenes relacionados con la guerra. Está integrada por fiscales y jueces, que son escogidos por sus estados miembros. Los fiscales son los encargados de recoger evidencia desde la sede de la corte y posteriormente son los encargados de acusar durante el juicio. La CPI opera bajo el principio de complementariedad, lo que implica que sólo investiga aquellos delitos que no han sido efectivamente investigados y perseguidos por otro órgano competente. Las Cortes Penales Regionales son instituciones que buscan investigar y perseguir los mismos delitos que la CPI pero que tienen un carácter más reducido al tener un alcance meramente regional o continental. La escogencia de sus fiscales y jueces también se realiza por los Estados parte y los fiscales tienen el mismo rol de investigación y acusación.