En El Salvador, el presidente Nayib Bukele implantó hace más de un año un régimen de excepción, reservado a situaciones de emergencia. Fue aprobado por la Asamblea Legislativa en marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas. El gobierno de Bukele llama a esta medida la “guerra contra las pandillas”. Supone la suspensión de garantías constitucionales para personas sospechosas de estos delitos y permite, entre otras cosas, el arresto de personas sin las garantías procesales habituales en un Estado de Derecho. La administración de Bukele ha desatado una intensa ofensiva jurídica, policial, militar y mediática, en la que los policías y los soldados tienen un gran poder y cuentan con menor fiscalización. Su objetivo es el encarcelamiento masivo de pandilleros. Como resultado, los datos de homicidios se han desplomado en los últimos meses.
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